La costa, prosiguió, no es difícil delimitarla en Canarias, "donde se está produciendo un cambio histórico en el modelo turístico". Para Mauricio, no deja de ser "incongruente" que el Estado haya cedido todas las competencias al Gobierno autónomo en ordenación del territorio y "le obligue a frenar esa planificación en la zona marítima". La apuesta turística del futuro en Canarias, añadió, es el mar con la creación de puertos deportivos. Los proyectos en el litoral bloqueados por Madrid, reiteró, "suponen una inversión de más de 100.000 millones de pesetas" que dependen de decisiones de Costas.

Mentalidad peninsular.

La paralización, según el diputado de Coalición, se debe a que la "ley marítimo terrestre está hecha con mentalidad peninsular". El Gobierno canario tiene un afán "proteccionista" de ese litoral, pero deberá apostar por la planificación de las costas del Archipiélago "para ofrecer un atractivo turístico de calidad" , insistió.

La "dura discusión" mantenida con Isabel Tocino dará paso a un "buen entendimiento" con el Estado tras el nombramiento de Jaume Matas como responsable de Medio Ambiente, auguró José Carlos Mauricio tras mantener una entrevista con el nuevo ministro. "Me ha garantizado que la política va a cambiar y se va a apostar por la comprensión al negociar la cesión de las competencias de Costas a Canarias y Baleares" , proclamó poco antes de sugerir a Matas que nombre a un canario como director general de Costas.

"Estamos teniendo tan mala suerte en la pedrea de los cargos públicos", ironizó el diputado nacional al recordar implícitamente al PP canario que aún no tiene a ninguno de sus dirigentes en los altos cargos de los ministerios creados por el presidente del Gobierno, José María Aznar.

Los catalanes y los vascos "se van a poner nerviosos", avisó Mauricio, "pero la filosofía de Coalición Canaria será la de exigir esas transferencias". Hasta que se produzca la cesión de estas competencias en Costas, el diputado nacionalista abogó por una fórmula de co-gestión para el litoral canario de los Gobiernos central y autónomo. "Confío en que esta reivindicación salga delante porque el propio ministro ha sufrido, por su origen balear, las restricciones de la Administración central para el desarrollo del litoral", concluyó.

Las actuaciones en infraestructuras públicas previstas en el litoral no sufren retrasos, según el titular de Obras Públicas.

La inversión del Convenio de Costas firmado por los Gobiernos central y autónomo "no sufre ningún tipo de retraso", aseguró ayer el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo canario, Antonio Castro Cordobez, quien recordó que en Costas existen dos tipos de competencias diferentes: la de infraestructuras públicas y la de ordenación del litoral.

La primera depende de la consejería de Castro Cordobez. "En el convenio de Costas se acordaron la ejecución de 143 proyectos y una inversión de 35.000 millones de pesetas", explicó. La ordenación del litoral, como el citado convenio, está sometida a la Ley de Costas que gestiona el Estado. Esta planificación del litoral es la que afecta, según el consejero canario, a las actuaciones privadas que no se pueden desarrollar por falta de autorización de la Dirección General de Costas, dependiente del Estado, subrayó Antonio Castro Cordobez antes de insistir en que el convenio "no está bloqueado".

"Pueden existir dificultades en las inversiones de carácter privado", añadió al comentar las declaraciones de José Carlos Mauricio sobre el bloqueo de 100.000 millones en inversiones para el litoral canario. El responsable autonómico de Obras Públicas admitió no obstante que es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente sea más flexible para poder actuar en la costa del Archipiélago.

El departamento central que dirige Jaume Matas, prosiguió Castro Cordobez, tiene que ser consciente de que Canarias tiene 2.000 kilómetros de litoral y depende, en gran medida, del turismo. Por esta razón, el consejero de Obras Públicas volvió a defender la actuación urbanística en las costas, "siempre y cuando los proyectos que se presenten pasen la evaluación medioambiental", destacó.

Desarrollo turístico.

La solicitud de flexibilidad para el Archipiélago en la aplicación de la Ley de Costas fue solicitada ya por el consejero el pasado 15 de abril. Antonio Castro avisó de que las restricciones de Medio Ambiente pueden afectar negativamente al desarrollo turístico canario. "Habrá que reflexionar sobre el futuro de las obras que no cumplen la normativa y que estén en el Convenio de Costas porque se pueden perder los fondos obtenidos para sufragarlas", proclamó, convencido de que "no es posible" renunciar a los proyectos que no cumplen los criterios "excesivamente rígidos" de Madrid.

Esos criterios, recalcó Castro Cordobez, no pueden aplicarse de igual manera en todas las comunidades autónomas del Estado "porque no todas las regiones dependen del turismo como la canaria". El titular de Obras Públicas reconoció al mismo tiempo que el 20 por ciento de los proyectos incluidos en el Convenio de Costas no cumplen la normativa medioambiental. "Habrá iniciativas que se puedan modificar y otras a las que habrá que renunciar, pero sin aceptar la premisa del Gobierno central de que no se puede hacer nada en el litoral", insistió.

En Gran Canaria destaca el proyecto de la playa de Las Canteras, donde Medio Ambiente ya ha invertido 580 millones de pesetas sólo en expropiaciones. El plan de actuación cuenta con 1.127 millones.

Coalición exige también la cesión de Aeropuertos y crear la policía autonómica.

La cesión de las competencias de Costas no se podrá hacer sin elaborar previamente una nueva Ley de Costas, indicó ayer el diputado nacional de CC José Carlos Mauricio, antes de proclamar que el Archipiélago "no puede esperar a que los peninsulares de la meseta hagan un debate de política general". El desarrollo turístico de las Islas, defendió, depende de una planificación ordenada y rigurosa de sus costas que debe de impulsarse desde el Gobierno autónomo.

Las competencias que reclaman los nacionalistas en Aeropuertos y la necesidad de crear una policía autonómica serán, junto a la transferencia de la gestión de Costas, "los grandes temas de esta legislatura", vaticinó Mauricio, "porque en Canarias no se puede seguir con una Policía Nacional que no está integrada". Para hacer frente a esta policía autonómica, el diputado de CC, no considera necesario crear una partida presupuestaria nueva "porque se pueden adscribir efectivos de la Policía Nacional al mando de la autonómica con el presupuesto que tienen los primeros", explicó. "No podemos estar ahora gastando 15 ó 20.000 millones de pesetas en la creación de esa policía de la Comunidad Autónoma", espetó.