Cabe reseñar también, la marcha atrás experimentada en algunos ayuntamientos con gobiernos poco dados a la trasparencia en la gestión y al respeto a los derechos de los ciudadanos.

No deja de ser un acto de realismo, por nuestra parte, valorar los errores habidos y plantear las bases a modo de relación no exhaustiva:

- No hemos conseguido desarrollar, dotando de contenido los derechos de petición y de iniciativa popular, a estudiar y responder por los órganos municipales correspondientes.

- Sigue sin usarse el derecho de referéndum local, mientras vemos como el método es utilizado una y otra vez, de manera informal, tanto por grupos políticos como por colectivos sociales.

- La presencia de los consejos de administración de los servicios municipales sigue siendo una demanda insatisfecha.

- La creación de órganos descentralizados no sólo no avanza sino que retroceden perdiendo competencia donde se crearon.

- Ausencia de consejos de cualquier tipo, de efectividad real al que los ciudadanos acudan a plantear sus problemas.

- Enormes dificultades para intervenir en los plenos durante la discusión de temas de interés, y no al final, fuera del pleno, como se acostumbra.

- Escasa implantación de toda la política informativa y de acceso a los expedientes, cuya obligatoriedad se ha visto reforzada por la nueva ley de procedimiento administativo común.

Nos preocupa que la población no conozca y, debido a este desconocimiento, no ejercite su derecho en el día a día de su relación con la administración local.

No olvidemos que la asistencia de derechos que no son utilizados pueden deberse a la desinformación y al poco interés institucional en hacer participar al ciudadano.